Sánchez rendido a Bildu: veta que los asesinatos de ETA nunca prescriban como le reclama la UE

El Gobierno de Pedro Sánchez se opone a que los crímenes contra ETA sean considerados como delitos de lesa humanidad, tal y como le reclamó la Unión Europea el pasado abril. Los socialistas ya maniobraron en la Eurocámara para que los asesinatos de la banda que se hubieran cometido antes de 2004 no tuvieran esa consideración, algo que permitiría actuar contra decenas de casos aún sin resolver evitando el período de prescripción -20 años- de estos asesinatos.

El Parlamento Europeo pidió entonces a las «autoridades competentes» que agotasen «las posibilidades interpretativas del Derecho penal, incluido el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad, incluso antes de 2004», considerando así que «no están sujetos a prescripción ni amnistía».

«Recordar que ya se han presentado varias iniciativas de modificación del Código Penal para que el principio de legalidad se interprete de acuerdo con el Derecho internacional», se advertía en el texto, fruto de la visita realizada en noviembre del año pasado por cinco eurodiputados al País Vasco y a la Comunidad de Navarra en el marco de una misión sobre los crímenes de ETA sin resolver. El PSOE pidió suprimir ese punto a través de una enmienda, alegando que la figura penal -que fue incorporada al Código Penal español en 2003- no se puede aplicar con carácter retroactivo.

Según el Derecho Internacional, los crímenes de lesa humanidad se definen como un ataque generalizado o sistemático contra la población civil por pertenecer a un grupo perseguido por razones políticas, raciales, étnicas, religiosas u otras reconocidas como inadmisibles.

Ahora, en un documento remitido al Congreso de los Diputados, el PSOE insiste en que no apoyará la recomendación de Bruselas. El partido de Pedro Sánchez presume incluso de haber presentado la mencionada enmienda y lamenta que «no fue aceptada».

Los socialistas justifican su negativa en que, con la normativa actual, no se pueden considerar como de lesa humanidad los delitos anteriores a 2004 y apelan al «sentido de la responsabilidad con las víctimas» además de a «la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales».

El Ejecutivo, asimismo, afirma que la recomendación de la UE «es jurídicamente inviable, y puede generar entre las víctimas del terrorismo falsas expectativas que no se pueden satisfacer de ninguna manera».

397 asesinatos

Según las cifras del Defensor del Pueblo, 397 asesinatos de la banda siguen impunes en la actualidad. Además, en un 44% de los crímenes de ETA no existe sentencia judicial para todos los autores físicos de los delitos.

La política del Gobierno de Pedro Sánchez con respecto a los asesinos de ETA ha sido muy polémica. Desde la llegada a La Moncloa, 202 etarras han sido trasladados a cárceles próximas al País Vasco o Navarra. 97 de ellos tenían delitos de sangre, con 296 víctimas. Entre tanto, Bildu se ha ido convirtiendo en un aliado preferente para el Ejecutivo, dando su apoyo decisivo a Sánchez en varias iniciativas como, recientemente, la llamada Ley de «Memoria Democrática».

El Partido Popular tiene registrada una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados -aún pendiente de debate- en la que se insta igualmente al Gobierno a considerar estos crímenes como de lesa humanidad.

En la iniciativa, el partido de Alberto Núñez Feijóo hace «un llamamiento a las autoridades competentes en España, Europa y resto del mundo a investigar, esclarecer y hacer justicia a todas las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por ETA y su entorno violento, persiguiendo a todos los autores materiales, inductores o responsables de la organización criminal que tanto sufrimiento ha causado en España y Francia».

Asimismo, el principal partido de la oposición insta al Gobierno español a cumplir e impulsar las recomendaciones del Parlamento Europeo. Entre otros puntos, los populares solicitan también «que se eviten los homenajes a etarras» y que «los beneficios penitenciarios a los presos de ETA se condicionen a la colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los 379 asesinatos impunes». El PSOE también pidió eliminar ese punto del informe europeo.